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Sobre los ingenieros agrónomos y el desmonte químico en la provincia de Córdoba

Por Ing. Agr. Ricardo Weiss
MP: 0639

Desde el año pasado, por un convenio entre el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba y la Policía Ambiental dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos he tenido la posibilidad de participar en varias oportunidades de las actividades de la Policía Ambiental.

La razón de ser de esta participación es que Policía Ambiental pide la intervención de veedores de parte del Colegio y de la Universidad de Córdoba en los casos de desmonte químico, a fin de contar con una opinión autorizada sobre el tema.

La Ley Provincial 9814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y su Decreto Reglamentario 170/11, permiten ciertos niveles de intervención (Planes de Conservación, Planes de Manejo Sostenible y Planes de Aprovechamiento con Cambio de Uso del Suelo), dependiendo de la categoría de conservación del bosque nativo (I-rojo, II-amarillo, III-verde), pero en ningún caso está permitido el desmonte químico (mediante la utilización de herbicidas/arbusticidas).

 

Una parte de las intervenciones de la Policía Ambiental se originan por denuncias, pero la gran mayoría se dan por la detección de desmonte en base a fotos satelitales, realizada por personal técnico. Desde el comienzo de la ejecución del convenio antes mencionado me ha tocado participar en media docena de inspecciones o reinspecciones por desmonte químico, y en un solo caso se debió a un error motivado por la deriva de un desmonte químico del campo vecino.

 

La violación de esta prohibición trae aparejada la aplicación de fuertes multas que van desde 5 a 500 salarios básicos del peón rural por hectárea. Para el primer semestre de 2018 el salario básico del peón rural se ha establecido en $12.648,96, por lo tanto las multas van desde un mínimo de $63.244,80 hasta un máximo $6.324.480,00 por hectárea. El artículo 47 de la ley dice que además de los propietarios, todos los que intervengan en la infracción, incluyendo a los profesionales, son solidariamente responsables por lo tanto les corresponde hacerse cargo de parte de la multa.

 

Recientemente ha trascendido la información que en por lo menos uno de los casos actualmente en proceso por parte de la Policía Ambiental hay una Receta Fitosanitaria firmada por un colega Asesor Fitosanitario. De resultar una resolución condenatoria, el colega firmante será solidariamente responsable, y le cabrá una sanción administrativa por parte de la Policía Ambiental, y las actuaciones se girarán al Tribunal de Disciplina de Colegio de Ingenieros Agrónomos para que actúe en consecuencia.

 

Esta situación, por demás preocupante, hace que sea imprescindible advertir a los Ingenieros Agrónomos que ejercen como Asesores Fitosanitarios en la Provincia de Córdoba que se abstengan de recetar productos para desmonte químico. Seguramente el colega firmante de la receta que motivó estas líneas lo ha hecho de buena fe, consultando el listado de productos autorizados por SENASA. Pero consideramos importante advertir a los colegas sobre lo siguiente: el hecho de que un producto fitosanitario esté inscripto en SENASA para un uso determinado, no necesariamente implica que se pueda recetar en el ámbito de la Provincia de Córdoba. Tenemos por ejemplo el caso del 2,4D, cuyas formulaciones como ésteres están prohibidas en ciertos departamentos y pedanías de la provincia, y a los formulados como ésteres de cadena corta les cabe lo mismo en el período ventana entre Agosto y Marzo de cada año para toda la provincia.

 

CONSIDERACION FINAL

 

A nadie escapa que el tema de la prohibición o no del desmonte químico es un tema en debate, con el que se podrá estar o no de acuerdo según el criterio profesional de cada uno. Pero debe quedar claro que la legislación que lo prohíbe está vigente, que el organismo de aplicación está firmemente decidido a hacerla cumplir, y que como profesionales Ingenieros Agrónomos estamos obligados a cumplirla. Además por una cuestión ética también estamos obligados a advertir a nuestros asesorados sobre la situación.

 

El presente informe no implica de ninguna manera un juicio de valor sobre la legislación vigente, sino un intento de colaborar con los Ingenieros Agrónomos y sus asesorados a fin de evitar situaciones que pueden llegar a ser muy gravosas.

 

 

 

     
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